Análisis de coyuntura laboral, Marzo de 2010

El terremoto del 27 de febrero de 2010 abrió una crisis social de magnitud histórica, que obligó a modificar muchas de las medidas que el flamante gobierno de Piñera tenía previstas. Pero no a modificar sus objetivos de más largo plazo, como podrá observarse. Desde el punto de vista de la clase trabajadora y sus organizaciones, le modificó también el escenario previsto, pero más aún, desnudó su situación, al mismo tiempo que la coloca frente a nuevos desafíos.

1- La política laboral

La Ministra de Trabajo Camila Merino anunció que con el terremoto se modifican los plazos y las urgencias, pero que se mantiene la meta de la creación de 200.000 empleos por año, aunque considerando un período de al menos tres meses, hasta junio, de emergencia y mayores problemas en términos de empleo.

Las medidas de emergencia consisten principalmente en re-enfocar a las zonas más afectadas los programas que se venían desarrollando en su Ministerio:

· Ampliar los empleos de emergencia: se mantendrán los actuales 13.000 en la Región del Bío Bío, y se crearán otros 13.000 para las tareas de reconstrucción;
· Bonos de contratación: $64.000 con la condición de las empresas no despidan;
· Extender los beneficios del seguro de cesantía;
· Ampliar la política de bonificación para la capacitación, a las tareas de reconstrucción, y como alternativa a los despidos.

Lo significativo, es que se busca actuar concertadamente con las asociaciones, tanto de empresarios como de trabajadores. Rafael Guilisasti presidente de la CPC, y Arturo Martínez presidente de la CUT se reunieron y presentaron la propuesta de extender el Acuerdo Nacional Pro Empleo firmado bajo el gobierno de Bachelet que vencía en junio del 2010, lo que habría sido acogido por la Ministra hasta marzo del 2011. Aunque aún no es claro que se trate de una política del Gobierno: mientras Rafael Guilisasti se reunía con la CUT presentando estas propuestas a la Ministra de Trabajo, Piñera no se reunió con el presidente de la CPC y el de la CUT, sino con los representantes de los grandes Grupos Económicos como Luksic. A su vez, en este reavivado encuentro entre representantes de los empresarios y los trabajadores, hay diferencias: la ampliación de la bonificación para las tareas de reconstrucción además de la capacitación, debe ser, para la CUT, sólo para las empresas dañadas por el terremoto, mientras que para la CPC, debe ser para todas las empresas.

La adopción de medidas especiales como estas por parte del nuevo Gobierno, para responder a la emergencia tras la catástrofe, no distrae de uno de sus objetivos de largo plazo en materia de política laboral: la flexibilización del mercado de trabajo. Así lo entendió la Ministra de Trabajo que lo presentó como la necesidad de mayor flexibilización. Y también Diego Olivares, presidente de la UNT, que lo presentó como pasos necesarios hacia una mayor adaptabilidad laboral.

Dentro de estas medidas, surgen problemas paralelos: el rol de la Dirección del Trabajo. La extensión del uso del artículo 159 número 6 del Código de Trabajo por parte de los empresarios, que permite, ante situaciones de catástrofe despedir sin indemnización a sus trabajadores, y que se incrementó en un 3000% entre febrero y marzo de este año, instaló la sensación de un clima de abuso por parte de estos empresarios. Sin nombramiento de un nuevo director para esta institución, sin haberle asignado un rol claro por parte del Gobierno de Piñera, y sin mayores atribuciones ante estas situaciones, planteó el problema de cómo enfrentar esta situación. La solución inmediata es clarificar qué se entiende por situación de catástrofe y fiscalizar, pero sin poder intervenir en la resolución del problema por no encontrarse entre sus atribuciones, que serían materia de los tribunales laborales. Así, se clarificó, recién el 21 de marzo, que por catástrofe debe entenderse imposibilidad absoluta de seguir funcionando. Y que el rol de la Dirección del Trabajo es de asesoría técnica y mediación.

2- Las organizaciones sindicales

El terremoto sacudió la vida de millones de trabajadores. Muchos resultaron directamente afectados, principalmente en las zonas más dañadas, algunos perdiendo sus vidas o las de sus familiares y conocidos, muchos perdiendo sus viviendas y bienes materiales y perdiendo sus empleos. Muchos otros, tanto en las zonas más afectadas en las Regiones del Maule y del Bío Bío como en zonas menos afectadas como en las Regiones de Bernardo O’Higgins, Valparaíso, Metropolitana, vieron afectadas sus condiciones de trabajo quedando afectados parcialmente sus lugares de trabajo y aumentando así los riesgos de accidentes laborales. Algunas sedes sindicales fueron parcial o totalmente destruidas.
Muchos trabajadores respondieron inmediatamente sumándose a las diversas actividades de ayuda social, aportando a la recolección de dinero, de alimentos, de tareas de reconstrucción. Sin embargo, mayormente como respuesta individual ante la catástrofe.
También hubo iniciativas de algunos sindicatos de base y federaciones, que respondieron con diversas iniciativas, desde abrir sus sedes para la recolección de alimentos, hasta la donación de alguna jornada de trabajo. Sin embargo, se trata de acciones aisladas y desarticuladas.
Se desnudó la debilidad y desarticulación del movimiento sindical organizado de los trabajadores, que pudiera articular una respuesta de los trabajadores.

La CUT no emitió ningún posicionamiento ante la catástrofe, y recién diez días después emitió un Instructivo para utilizar sus locales como centros de acopio, que funcionaron débilmente. Más de 10 días más tarde, inició reuniones con la CPC (9/3), la SOFOFA (15/3), y la Ministra de Trabajo (15/3), reimpulsando el diálogo social, sumándose así a la política que permite la introducción de medidas flexibilizadoras por parte del Gobierno y los empresarios. Al mismo tiempo, comenzó a denunciar los abusos que se cometían con el uso del artículo 159 del Código de Trabajo, y advertir que esas medidas de emergencia no debían servir para precarizar el empleo, promoviendo que se respete la contratación y los beneficios asociados. Finalmente, planteó al menos 4 medidas: reformar el artículo 159 del Código de Trabajo; inyectar el Estado más recursos al seguro de cesantía; entregar un capital de $200.000 de reinicio a los pequeños negocios afectados; una reforma tributaria donde las 200 empresas más grandes y las personas con renta superior a US$ 1 millón tengan una tasa de impuestos superior.

La UNT, en su declaración pública ante el terremoto, promovió directamente la adaptabilidad (flexibilidad) laboral, y reclamó, y obtuvo, un lugar en el diálogo social de hecho y bilateral que se reinició. Como acciones llamó a sus sindicatos afiliados a sumarse a la ayuda social a través de donaciones a la cuenta corriente de la Vicaria de la Pastoral Social y de los Trabajadores.

La CAT también tardó en responder: su primera declaración se produjo 17 días después del terremoto, el 16 de marzo, hablando del “otro terremoto” y denunciando a los ladrones de cuello y corbata (las constructoras, las empresas de comunicaciones). En su segunda declaración denunció que los efectos sociales son resultado del modelo económico-social. En su tercera declaración el 19 de marzo, se limita a solicitar la ayuda internacional. En sus declaraciones posteriores declara su apoyo a las medidas del Gobierno que vayan al aumento de los impuestos a las grandes empresas, y rechaza el uso del artículo 159 del Código de Trabajo y la reincorporación de los trabajadores despedidos por esa causal, así como pide la institucionalización del diálogo social, y la intervención solidaria de la gran empresa.

Es notorio, que no hay ni un llamado a la articulación de las tres centrales sindicales entre sí, ni a la acción articulada de sus propios sindicatos afiliados, organizando una respuesta de conjunto como clase trabajadora (lo que sí se observa en algunas declaraciones).

Sin embargo, hubo una cierta actividad de sindicatos de base y federaciones, muchos de ellos no afiliados a ninguna de las tres centrales sindicales, con una respuesta más ágil. También algunas regionales de la CUT.

La Federación Minera de Chile, realizó un llamado a las empresas a otorgar permisos para que los trabajadores con familia en el sur pudieran desplazarse a sus lugares de origen, el 2 de marzo. El 8 de marzo recolectaron dos camiones de ayuda que se unió a una caravana de la Federación de Trabajadores del Cobre.

El sindicato de trabajadores contratistas del cobre, SITECO, llamó a la recolección de alimentos y la formación de brigadas obreras para distribuir la ayuda, el 2 de marzo.
La CUT de Iquique llamó a la recolección de alimentos, el 3 de marzo.

La ANEF llamó a una campaña de apoyo a los damnificados, el 3 de marzo: donación de sangre, acopio de alimentos y donación de un día del sueldo base.

La CUT Provincial Magallanes, convocó a la recolección de alimentos como parte de la Campaña La Patagonia ayuda a Chile, el 4 de marzo.

Los Trabajadores Portuarios de Valparaíso, CONGEMAR y FTP, convocaron a una actividad solidaria el 5 de marzo.

El Sindicato nº 1 de trabajadores de Codelco Norte Chuquicamata convocó a un descuento de dos días de trabajo para recolectar dinero, el 5 de marzo, y a sumarse a esta iniciativa a los sindicatos nº 2, nº 3, nº 1 de Antofagasta, Sindicato Minero y Sindicato Radomiro Tomic.

El Sindicato Independiente de Trabajadores a Honorarios (SINTHONO) convocó a recolectar ayuda en la sede del sindicato LTS el 6 de marzo, para destinar un camión con ayuda para el Sindicato de Estibadores de Talcahuano.

CONFESIMA convocó a recolectar ayuda en su sede el 9 de marzo, y el 11 de marzo llevaron ayuda a la comuna de Peralillo, provincia de Colchagua.

El Colegio de Profesores apoyó la firma del acuerdo CUT-CPC, envió ayuda en dinero, y llamó a contemplar las necesidades de los profesores afectados, el 9 de marzo.

El Sindicato nº 1 de Trabajadores de Minera Escondida llevaron ayuda en alimentos y dinero a Lota y Curanilahue, el 10 de marzo.

La CUT envió ayuda a Lota, el 10 de marzo: camiones aljibe. Y camiones con ayuda de sus afiliadas: CUT Zonal de la Florida, FENATS y CUT Zonal Sur, ANEF, Federación del Petróleo de Concepción.

La CONFUSAM llamó a utilizar el 2% constitucional para la reconstrucción de hospitales y centros asistenciales, el 15 de marzo.

La FENPRUSS se desplazó en caravana a algunas de las zonas afectadas como la VII y VIII, con material de ayuda y para realizar un catastro de las instalaciones afectadas.
CONGEMAR llamó a boicotear barcos de Saam y CSAV ante los despidos ocurridos en el Puerto de San Vicente, en Talcahuano, el 17 de marzo.

Sindicato de Clínica Providencia, se manifiesta en su lugar de trabajo y pide dejar sin efecto los despidos por causa del artículo 159 del Código de Trabajo.

La Confederación Nacional de Trabajadores Forestales (CNTF) denuncia el abuso empresarial por el uso del artículo 159 del Código de Trabajo, y pide buscar alternativas a través del diálogo social, el 17 de marzo.

Es una actividad que va incrementándose con el paso de los días, y las urgencias de la reconstrucción en cada localidad.

Sin embargo, es una respuesta múltiple pero desarticulada, donde la iniciativa la mantiene el “gobierno de los gerentes” y los empresarios reuniéndose con Piñera para diseñar los tiempos y modos de la reconstrucción, limitándose los trabajadores a contribuir a la ayuda práctica y a la defensa de los abusos, y acoplándose a los objetivos de largo plazo del gobierno. Pero no es una fatalidad. Depende por un lado, de la orientación de política sindical. Por otro lado, de bucear en las experiencias históricas protagonizadas por los trabajadores.

· Los trabajadores ante catástrofes sociales: Chile, 1918-1920

Hacia fines de la década de 1910, la crisis del salitre golpeó duramente la economía y la sociedad chilenas. No se trató de una catástrofe natural, pero sí de una catástrofe económica y social que traería consigo la miseria y la carestía de la vida: el hambre amenazaba las vidas de cientos de miles de trabajadores, que además se comenzaban a hacinar en conventillos de Santiago huyendo de la cesantía en el norte salitrero. No interesa ahora su desarrollo, sino la situación de la clase trabajadora era distinta: la dinámica era de su fortalecimiento y organización, con un ciclo de huelgas en las que obtenían sus demandas, con el impacto local de la revolución rusa, con la formación de nuevos partidos como el POS, aunque en un clima de fuertes represiones estatales. Pero había un elemento similar al de hoy: su desarticulación en múltiples sindicatos de base, y tres centrales sindicales: Confederación Nacional Mutualista (con 100.000 afiliados de las mutuales), la Federación Obrera de Chile (con 80.000 afiliados de las mancomunales), la International World Workers- IWW (que agrupaba a los trabajadores de las sociedades de resistencia).
A pesar de esta desarticulación y división, las organizaciones de la clase trabajadora definieron una orientación de política para dar una respuesta al hambre que los amenazaba: en 1918 formaron la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional convocada por el Consejo Federal nº 1 de los ferroviarios de la FOCH, y que uniría y articularía a mutualistas, anarquistas, las organizaciones obreras católicas y sindicatos de base.
Emitió un manifiesto común que denunciaba que se intentaba hacer pagar los costos de la crisis a los trabajadores, y exigiendo una serie de medidas que no los condenara al hambre y la cesantía, entre ellas, el abaratamiento de los artículos de consumo de primera necesidad, la tributación progresiva de las grandes fortunas. Asimismo, rechazó de la declaración del Estado de Sitio. De su primer petitorio, sobre siete de sus demandas, obtuvieron cinco.
Convocó a una serie de paros y movilizaciones que serían de carácter nacional: una movilización y paralización en noviembre de 1918, una movilización en febrero de 1919, la organización del 1º de mayo de 1919 con paros y movilizaciones, una huelga general en septiembre de 1919.
De esta experiencia, emergería la FOCH de Recabarren como la principal central de los trabajadores de Chile y que protagonizaría sus luchas y sus demandas por todo un período histórico, pero por sobre todo, convirtió en protagonistas de sus propios destinos, y actor de la política nacional a la clase trabajadora.

3- Indicadores laborales

Tal vez el dato más importante, en esta situación, sea el incremento en 3.000% de los despidos por fuerza mayor, invocando el artículo 159 del Código de Trabajo, un total de 6.111 trabajadores.
El 61% se produjo en la Región del Bío Bío, con 3.761 casos. En la Región Metropolitana afectó a 1.357 trabajadores. Seguidas por las Regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule.
En total, después del terremoto, se habrían producido 15.000 despidos, 9.000 de ellos sin recibir indeminización, según denunció Arturo Martínez, presidente de la CUT.